DIPUTACIONES, COMARCAS, COMUNIDADES AUTÓNOMAS…

 

    

        El debate sobre la supervivencia de las Diputaciones no es nuevo ni desinteresado. Ya en los albores de la democracia, los catalanistas intentaron su desaparición, y lo hicieron no porque pensaran que hubieran devenido inútiles, sino porque de alguna manera significaban un contrapoder de la propia Generalitat Catalana que aún se encontraba dando sus primeros pasos. Así se deduce de la lectura de la Sentencia del Tribunal Constitucional 32/1981, de 28 de julio (menos de 3 años después de la Constitución), en la que lo que se ve claramente que la intención de la Generalitad de Catalunya de asumir la totalidad de las competencias de las Diputaciones, que de todas formas no desaparecían del todo, sino que eran sustituidas por una especie de Consejos Territoriales, de cuyas comptencias poco puedo decir, pero que de todas maneras ponían de manifiesto la necesidad de que, con uno u otro nombre, las Diputaciones siguieran existiendo; y así lo dictaminó el Tribunal Constitucional en aquella sentencia al señalar que “Para el gobierno y administración de las provincias, las Diputaciones provinciales aparecen dotadas de potestades decisorias, cuya naturaleza tampoco puede ser desconocida sin infringir las bases hoy establecidas. En la medida en que la Ley impugnada prescinde totalmente de la noción de interés peculiar, de competencias propias y de servicios mínimos de la provincia y priva de potestades decisorias a los órganos que deberían tener su gobierno y administración, ha de ser reputada, también por esta causa, contraria a la Constitución.”

 

            En el País Vasco ocurre algo parecido, no existen las provincias pero existen los Territorios Históricos que, no sé si me equivocaré en algo, coinciden en sus límites con las antiguas provincias. Por cierto, las Diputaciones vascas, y la navarra, por razones históricas, son de las más poderosas de España.

            Desde entonces, el debate sobre Diputaciones sí o Diputaciones no ha venido apareciendo y desapareciendo  del panorama político español en función de diversos intereses. Sí hay que decir, en honor a la verdad, que los partidos nacionalistas siempre han postulado su desaparición,  aunque por razones que bajo mi punto de vista resultan erróneas según intentaré razonar seguidamente.

             Para centrar debidamente el debate hay que partir de algunas precisiones de base, tales como las de que hasta la aparición de las Comunidades Autónomas, la necesidad de la existencia de las Diputaciones era pacífica, siendo instituciones centenarias que habían venido desarrollando una encomiable labor a favor de los pueblos y municipios españoles desde el mismo momento de su nacimiento allá por los principios del siglo XIX, y cómo la de que son precisamente las Comunidades Autónomas las que, como hemos visto, iniciaron la batalla por su desaparición.

            Cabe recordar aquí, porque por el tiempo transcurrido puede que haya gente que no tenga la suficiente conciencia histórica de las razones del nacimiento de las Comunidades Autónomas, pero es preciso dejar constancia de ello, que las Comunidades Autónomas nacieron en España como consecuencia de un vigoroso movimiento descentralizador de un Estado profundamente centralista como era el franquista. Es por ello, y porque no podía ser de otra manera, que el elenco de competencias que según el artículo 148 de la Constitución Española podrían asumir, y de hecho asumieron, las Comunidades Autónomas, todas eran competencias estatales. ¡A nadie se le ocurría pensar que las nacionalidades y regiones del Estado Español nacían para fagocitar a las Provincias!.

            Otra premisa que hay que tener en cuenta es la de la innegable complejidad actual de la Administración territorial española (Estado, Región, Provincia, comarcas donde existan y Municipio), de la cuasiterritorial (mancomunidades y consorcios) y la puramente institucional en su inacabable variedad de tipos.

            Ahora, a la luz de la crisis económica, algunos vuelven a sacar de nuevo el asunto de las Diputaciones, “para ahorrar”, y no sé porqué motivo, ahora y desde hace tiempo, parece que pedir que desaparezcan las Diputaciones queda progre, y a eso se apunta todo el mundo, sin saber muy bien ni siquiera qué son, para qué sirven, ni, lo que es más importante, para qué puedan servir las Diputaciones.

            Un importante último apunte descriptivo, antes de avanzar conclusiones: a pesar de ser insituciones que provienen del siglo XIX, las Diputaciones se gobiernan por los Concejales de los Ayuntamientos, electos por sus propios compañeros en una elección de segundo grado en cada partido judicial, de manera que las decisiones que en ella se tomen, para bien y para mal, la toman nuestros propios concejales, los que nosotros elegimos directamente con nuestro voto. De ahí se extrae, además, la conclusión de que la pretendida desaparición de las Diputaciones no supondría la desparición de ningún cargo público, pues los concejales seguirían siendo concejales, ya que no existe el cargo de Diputado Provincial “autónomo” o no concejal.

            Con estos mimbres, urdiré mi razonamiento a favor de la necesidad de las Diputaciones en estos momentos.

            En primer lugar, a la Diputación por un lado se la acusa de pisarse con las Comunidades Autónomas, pero en todo caso la cuestión es al revés; tal y como ha quedado reseñado en los breves apuntes históricos  anteriores, nunca se previó que la Comunidad Autónoma centralizara a las provincias, sino que descentralizara al Estado. Y si es verdad que algunas de ellas quisieron fagocitar a las provincias no es porque  “se pisarán” con ellas, sino porque necesitaban reforzarse como institución política frente al Estado. Pero friamente analizado, según el diseño constitucional, ninguna fricción competencial debería existir en la Comunidad Atutónoma y la Provincia, que en todo caso debieran encontrarse siempre entre aquélla y el Estado.

            Por el extremo contrario, sobre todos los nacionalistas, postulan la desaparición de las Diputaciones a favor de las comarcas y/o las mancomunidades.

            Como crítica común a ambas posiciones, puedo decir que, al menos yo, no encuentro las ventajas comparativas de unas hipotéticas Diputaciones Comarcales o de las mancomunidades con la Diputación; y desde luego, mucho menos en la era de las comunicaciones. Y si una de las críticas, injustas si se las compara con otras instituciones, es la de que ésta albergas muchos asesores y muchos cargos, pues no hace falta ser muy listos para saber lo que pasaría en ese caso. En este sentido, entiendo necesario insistir en que el gobierno de la Diputación lo realizan los concejales.

            Y desde la perspectiva que me dan mis 30 años de servicios a la Administración Local, puedo decir sin miedo a equivocarme que todos, absolutamente todos los servicios que se prestan por mancomunidades y consorcios, pudieron y pueden ser gestionados por la Diputación sin ningún tipo de déficit democrático. Lo que pasa es que tenemos una especie de enfermedad consistente en que cada vez que se nos ocurre alguna iniciativa, enseguida se nos viene la idea de crear alguna entidad ex profeso para gestionarla, sin pararnos a pensar que tenemos instituciones democráticas suficientemente rodadas como para ser capaces de desarrollar esas iniciativas con total garantía.

            Yo creo que  lo que hacen falta son menos alharacas, menos esnobismos progresistas y más sentido común y, partiendo de la realidad territorial existente; es decir, de la existencia de una Administración Estatal, una Autonómica, una Provincial y una Municipal, poner un poco de orden en el reparto competencial entre las mismas.

            Es evidente que no es el objeto de este artículo analizar el reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas, aunque sí se puede sugerir que por ahí deberían ir los esfuerzos para evitar duplicidades, porque ahí se produjo el desdoble inicial de competencias.

            Pero entre las Diputaciones  y las Comunidades Autónomas sí cabe  plantearse un reparto competencial serio. Por ejemplo, a las Diputaciones se las ha ido privando paulatinamente de capacidad inversora, de manera que los otrora eficaces planes provinciales de obras y servicios, que por cierto, se solían consensuar pueblo a pueblo, ahora tienen un carácter meramente testimonial. Por el contrario las Comunidades Autónomas han asumido las antiguas funciones de las Diputaciones provinciales y basta analizar sus programas de obras y servicios para constatar que la inmensa mayoría no tienen trascedencia interprovincial, como ocurre con casi toda la red secunaria de carreteras, las infraestructuras hidraúlicas, etc. Es decir, se trata de obras que debería ejecutar la Diputación y no la Comunidad Autónoma, porque su interés es meramente provincial. Sin embargo, es la Comunidad la que se reserva los recursos económicos y, por tanto, es ella la que ejecuta esas obras, haciendo aparecer a la Diputación como una institución inútil. Es como si te robaran el reloj y después el mismo que te lo roba te reprende porque no sabes la hora que es.

            Y por último, las relaciones de la Diputación con los Ayuntamientos. Aquí tenemos que distinguir entre Ayuntamientos grandes, medianos y pequeños.

            Es evidente que los Ayuntamientos grandes necesitan poco de la Diputación. Y es evidente que  las Diputaciones no han nacido para ellos, pero aun así, cabe recordar la existencia generalizada en casi todo España de los Servicios de Recaudación que las Diputaciones prestan a los Ayuntamientos que así lo quieran, incluidos los de mayores dimensiones como ocurre en Huelva.

            Los Ayuntamientos medianos tampoco tienen una  necediad imperiosa de la Diputación, pero la Diputación colabora con ellos en la prestación de servicios que de otra manera no podrían asumir, como ocurre, por ejemplo con los bomberos, la extinción de mosquitos, el programa de constrcucción de espacios escéncos, etc. También están allí las Diputaciones como una especie de “red” para casos de emergencia municipal de cualquier orden. En cualquier caso, “no se pisan” sino, como se ha visto, se complementan.

 

            Y por último, los pequeños municipios. Estos, simplemente, no podrían subsistir sin las Diputaciones, y el que piense que las Mancomunidades o unas hipotéticas comarcas pudieran hacer ese papel, como mínimo hay que decirle que esa no es más que una suposición sin constatación fáctica. Por el contrario, las Diputaciones lleva años haciéndolo con un éxito incontestable hasta que se la cercenó en sus presupuestos. Quizás, si realmente se quisiera reducir los cargos públicos y ahorrar, habría que empezar por reducir drásticamente el número de 9.000  municipios que hay España; muchos de ellos con menos 1.000 habitantes.

            Quiero hacer una reflexión final, ya apuntada a lo largo de este escrito, pero que me da la impresión de que es ignorada por la gran mayoría de los que se pronuncian sobre esta cuestión.

            Pensemos en el proceso de toma de decisiones para cualquier inversión que debiera ser de la Diputación, y es de la Junta; por ejemplo una carretera o la Depuradora de un pueblo.

            Si la decisión la tuviera que tomar la Junta, probablemente la tomaría el Delegado Provincial o el Director General, cuya legimitación democrática (es decir, contacto con el pueblo que le elige), que nadie le niega, es la siguiente: primero, se celebran unas elecciones al parlamento andaluz (paso 1), después ese parlamento elige a un Presidente de la Junta (paso 2), después ese Presidente de la Junta elige un Consejo de Gobierno cuyos miembros (creo) no tienen porqué haber sido elegido popularmente  (paso 3) y finalmente, ese Consejo de Gobierno elige al Director General o al Delegado provincial, que tampoco tienen porqué haber sido elegidos democráticamente (paso 4).

            Por el contrario, si la es la Diputación la que decide sobre esas inversiones, siempre será un Concejal democráticamente elegido por el pueblo, y muy preocupado y muy conocedor de las necesidades de los Ayuntamientos, el que tomaría la decisión correspondiente.

            Entiendo que no la comparación no resiste un mínimo análisis.

            Y porque no se me diga que todo lo veo bien; yo sí haría alguna modificación en el sistema electoral actual, porque ahora, como el número de diputados de cada Partido Judicial depende de su número de habitantes y como los pueblos con más habitantes aportan más concejales a la elección, lo que ocurre es que los pueblos que menos necesitan de la Diputación (los mayores) son los que están más representados, y los más necesitan de ellos (los más pequeños), son los que menos diputados tienen. Eso es injusto y debiera ser cambiado.

            No digo que todo lo que se manifiesta en este artículo constituya una verdad inconstestable, pero entiendo que era necesario que se intentara hacer un análisis algo serio de las Diputaciones para, partiendo de ese análisis, poder pronunciarse con propiedad, y evitar las cosas que hemos tenido que escuchar hasta ahora.

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8 respuestas a DIPUTACIONES, COMARCAS, COMUNIDADES AUTÓNOMAS…

  1. Manuela Gómez dijo:

    un articulo muy interesante y con el que estoy de acuerdo en la mayoria de las cuestiones que plantea,

    gracias por informarnos y sigue en ese empeño
    Manoli Gómez

  2. Fernando dijo:

    En el País Vasco sí existen las provincias, si bien el Estatuto de Guernica crea un ente territorial paralelo que son los territorios históricos, que tienen los mismos límites que la provincia. Ello no significa que desaparezcan, puesto que un simple Estatuto no puede limitar un ente constitucionalmente necesario como son las provincias (art 137 CE), sino que se crea una nueva administración autonómica. En cualquier caso, hay que felicitar el secesionismo vasco, porque ha logrado que mucha gente piense que efectivamente no existen provincias en el País Vasco cuando sí existen y de hecho toda la Administración General del Estado se estructura en torno a la división provincial. De este modo, existen Audiencia Provincial de Vizcaya (no Audiencia del Territorio Histórico de Vizcaya) o Subdelegado del Gobierno en la provincia (y no en el territorio histórico) de Guipúzcoa. La prueba de que existen provincias es que el PNV condicionó su apoyo a los presupuestos del PSOE a que se cambiaran los nombres oficiales de las provincias vascas a su forma en vascuence (Bizkaia es el nombre oficial del territorio histórico, pero el de la provincia seguía siendo Vizcaya hasta el pasado 5 de julio, que se aprobó la absurda ley).

    Lo que sí es cierto es que en el País Vasco no se llaman diputaciones provinciales, sino diputaciones forales. Sus miembros se eligen directamente (los vascos votan en las municipales también votan candidatos a sus juntas generales de cada provincia). Y, lo más importante, tienen competencias fiscales (cuando se dice que el País Vasco tiene su propio régimen fiscal, en realidad quienes lo tienen son cada una de las provincias, que regulan en materia fiscal). En lo que concierne a Navarra, no tiene el equivalente a una diputación provincial, porque al ser una Comunidad Autónoma uniprovincial, no tiene diputación. Lo que sí es cierto es que la Ley Orgánica de Amejoramiento del Fuero Navarro (que es su estatuto de autonomía) mantiene el nombre histórico de Diputación Foral para referirse al Gobierno de Navarra, pero es un gobierno autonómico, no una diputación. Saludos.

    • Muchas gracias por las precisiones, que agradezco en lo que valen. En lo que respecta a Navarra estaba confunido y, a pesar de que era una Comunidad Autónoma Uniprovincial, pensaba que por sus especifidades, Gobierno autónomo y Diputación Foral eran cosas distintas. En lo del País Vasco creo que llevamos razón los dos: La provincia tradicionalmente ha tenido una estructura bifronte; una como entidad local y otra como división territorial del Estado. Y en el País Vasco se mantiene en esta segunda faceta, habiendo pasado a ser en su aspecto “local”, o al menos no estatal, lo que se conoce como Territorios Históricos.

      • Fernando dijo:

        Ha sido un placer, tus reflexiones eran muy interesantes. Realmente el término territorio histórico es una argucia (por decirlo elegantemente) que se le ocurrió al Consejo General Vasco (órgano preautonómico en las tres provincias vascas), presidido por Ramón Rubial (q.e.p.d.) primero y luego por Carlos Garaicoechea, para no llamar provincias a lo que eran provincias. El Estatuto de Guernica es muy sibilino al tratar el tema, pero obviamente no termina con la división provincial porque eso hubiera sido insconstitucional. Simplemente se inventa otro nombre para las provincias y utiliza ese nombre, pero al hacerlo crea una entidad jurídicamente distinta de la provincia.
        Para concluir, discrepo contigo (respetuosamente, eso siempre) con que el mal llamado nacionalismo persiga la eliminación de la provincia. Está claro que los secesionistas catalanes sí lo hacen, como se vio en el caso que citas de la famosa STC 32/1981 (cuya búsqueda para una columna que estoy escribiendo me llevó a tu página, por cierto), o en el caso de la Ley de Veguerías, que quedó desactivada por la interpretación que hizo el TC del Estatuto de Cataluña de 2006. Pero los independentistas vascos nunca se han pronunciado sobre las provincias (ni lo harán), por la simple razón de que va contra sus intereses: acabar con las provincias implica terminar con su régimen fiscal (recordemos que la CAV no es titular de derechos forales, sino cada una de las provincias). Le cambian el nombre a las provincias para que no suene tan “español” el nombre y ya está. A tu disposición, un abrazo.

  3. El placer ha sido mutuo. Da gusto dialogar de esta manera tan constructiva y tan instructiva.En cualquier caso cuando yo me refería a los nacionalismos, además del catalán, pensaba en el andaluz, aunque ahora que no me escuchan pienso que su oposición a las Diputaciones es por emulación del nacionalismo catalán, que siempre les sirvió de modelo.

    Igualmente quedo a tu disposición

  4. Jose Manuel de Villena dijo:

    Interesante y oportuno el articulo sobre diputaciones que nos ofrece Aurelio, sobre todo por tratarse de un tema de actualidad y que está en todas las reuniones a nivel “informal”, amigos,compañeros, …..”las diputaciones sobran..” y que poco sabemos de ellas los que a opinamos si sobran o no.
    Gracias.
    MdV

  5. Elena Tolmos dijo:

    Yusta, tenía este texto guardado a la espera de tener un momento para leerlo, por lo interesante del contenido. Agradezco la información porque (en mi opinión) para opinar es necesario informarse y reflexionar y este artículo incita a hacer ambas cosas.

    Saludos,

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